Columna de opinión por Emmanuel Jiménez
La educación costarricense en los últimos años ha demostrado que el sistema educativo actual es un sistema inoperante e ineficiente, un sistema que se ha basado bajo las reglas de la meritocracia más allá de la preparación social, personal y psicológica. Y no hablamos únicamente de la población estudiantil, también hablamos del personal docente y administrativo de los centros educativos del país. Hoy en día nuestra educación pasa por una coyuntura critica, una coyuntura que ha venido a evidenciar las brechas sociales, territoriales, económicas y tecnológicas en los hogares de una significativa proporción de las familias costarricenses y de nuestros centros educativos.
La educación costarricense a pesar de ser una educación pública y gratuita, desafortunadamente ha llegado a ser una educación injusta, desigual y sumamente alejada de la realidad educativa. Una educación que la han puesto al servicio de la política antes de poner la política al servicio de la educación. Ante el panorama educativo y con la coyuntura actual que afronta nuestra educación, resulta inevitable la postergación de una discusión integral sobre el futuro educativo del país.
Muchos han salido a lo largo de esta discusión con la intensión de privatizar la educación en nuestro país, alegando que la educación pública es una ayuda y en ocasiones incluso una caridad. Lo cierto es que la educación pública es un derecho humano inviolable, y claramente la privatización de la misma no es la solución.
Discutir sobre una reforma educativa integral para el futuro educativo del país resulta insustituible, una reforma que no contemple únicamente la estabilidad y la firmeza del sistema educativo, sino una reforma que también considere la justica e igualdad para las y los profesores. El pilar que sostiene la educación en nuestro país es la vocación con la que educan las y los maestros, y que injustamente llegan a ser olvidados por los gobiernos y excluidos del sistema educativo.
Cuando hablamos de una reforma educativa hablamos de la imprescindible necesidad de reformas todo el aparato educativo desde su raíz, buscando la mayor descentralización y desburocratización de medios mandas para su eficiencia y agilidad. Una reestructuración del sistema educativo con el interés principal de una actualización del currículo escolar, así como de la mejora en la calidad educativa.
Costa Rica es el país que invierte más que cualquier miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en educación, llegando a destinar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB). A pesar de la gran inversión que Costa Rica destina para la educación, la hemos desvaluado en comparación a la educación de la región. ¿Pero en qué estamos fallando? La respuesta es clara, no podemos seguir educando con un sistema educativo ineficiente e inoperante. Por eso es hora que como país avancemos en la discusión de una reforma educativa integral que definiría el rumbo de la educación costarricense para los próximos años.
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